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Más de 400 colegios cerraron temporalmente por riesgos de desastres en 2021

Las inundaciones y vendavales fueron los eventos que más afectaron a las instituciones educativas durante ese año, con un aumento del 11,9 % respecto a 2019 según un informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó y Córdoba fueron los más perjudicados.

23 de enero de 2023 - 08:41 p. m.
Imagen de referencia. El desbordamiento de quebradas inundó 13 barrios del municipio de Tierralta, en Córdoba, y afectó a una institución educativa durante el pasado junio del 2022.
Imagen de referencia. El desbordamiento de quebradas inundó 13 barrios del municipio de Tierralta, en Córdoba, y afectó a una institución educativa durante el pasado junio del 2022.
Foto: Alcaldía de Tierralta
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Los desastres naturales también han afectado a las instituciones educativas colombianas. Ante el inicio de clases durante este enero del 2023, el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana analizó el panorama de las escuelas del país en 2019, 2020 y 2021 y reunió una serie de recomendaciones en caso de sufrir contingencias que pongan en peligro a las infraestructuras educativas.

Prueba del riesgo se evidencia en el reciente informe publicado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que se reportaron 407 escuelas que tuvieron que cerrarse temporalmente por inundaciones y vendavales en 2021.

Además, se estima que durante ese mismo año fueron 176.416 las personas afectadas, entre estudiantes, docentes y administrativos de departamentos como Antioquia (52 casos); Bolívar y Chocó (ambos con 47 casos); y Córdoba (46 casos).

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Sin embargo, el cierre temporal de las escuelas no solo se dio por el riesgo de desastres naturales sino también por lo que conlleva brindar atención a personas damnificadas. En palabras del Laboratorio de Economía, “en ocasiones, las instituciones educativas sirven de albergues o refugios para los damnificados. Ello implica que se detienen las actividades académicas obstaculizando los procesos de aprendizaje”.

El evento más frecuente que afectó a las instituciones educativas en 2021 fue el de inundaciones, con un 63,3%. Por otro lado, los eventos que ocurrieron en mayor cantidad durante 2019 fueron los vendavales, con 141 casos que corresponden al 38,4 % del total.

Es por eso que el Laboratorio de Economía declara fundamental que los colegios cuenten con una preparación previa ante posibles contingencias. “El aseguramiento de la integridad de las sedes educativas es relevante para garantizar la integridad física de las comunidades educativas y la materialización del derecho a la educación”, puntualiza.

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¿Los colegios están preparados para los desastres?

El Índice de Webin midió las condiciones de bienestar escolar en 1556 colegios oficiales y privados de Colombia en 2022. Fue entonces como se encontró que el 72% de los colegios se percibe preparado para hacer gestión de desastres (suministros, ruta de evacuación), y 19% indica que ha formado a sus docentes en prevención de accidentes y lesiones.

Asimismo,12% de los colegios encuestados afirmaron estar expuestos al riesgo de inundaciones y deslizamientos, 36% a riesgos de plagas y vectores de infección.

Los investigadores insisten en que los riesgos por desastres son una problemática que existirá siempre. Por ello, las Secretarías de Educación deben estar preparadas y contar con información para desarrollar planes de prevención, más aún con el inicio de clases durante este enero del 2023 tras un fuerte invierno que continúa azotando algunas áreas del país, en especial a las zonas rurales.

“Con el inicio de clases y tras el fuerte invierno, en especial a las zonas rurales, se debe garantizar el buen estado de la infraestructura y de las vías de acceso de los establecimientos educativos, la seguridad e integridad de la comunidad educativa, y el derecho a la educación”, declara el LEE a través de un comunicado.

En el informe se hacen las siguientes recomendaciones:

1. Articular al Gobierno Nacional con las entidades territoriales para identificar y monitorear permanentemente a las instituciones educativas y detectar aquellas que pueden estar expuestas a riesgos y tengan planes de acción claros ante posibles amenazas.

2. Establecer e implementar un protocolo de recuperación académica de acuerdo con el tiempo de interrupción provocado por el evento de gestión del riesgo y los daños de la infraestructura, de modo que la población estudiantil tenga la menor afectación posible en su proceso formativo.

3. Preparar a la comunidad educativa para enfrentar fenómenos naturales y prepararlos para actuar de manera adecuada.

4. Educar y sensibilizar a los estudiantes en hábitos y acciones para frenar el calentamiento global, ya que muchos de estos riesgos y fenómenos ambientales se presentan cada año con mayor intensidad, y son atribuidos en gran medida al cambio climático.

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